Seguimiento del juicio de Estados Unidos contra Google. Día 2
La jueza Leonie Brinkema mostró en la segunda jornada del juicio la misma disciplina que en la fase de responsabilidad: cortó repeticiones, exigió claridad y dejó claro que la estrategia de complejidad técnica no tiene recorrido en su sala. Esa actitud es relevante porque marca el tono de lo que se avecina: un examen detallado sobre la viabilidad de separar activos que durante más de una década han sostenido la arquitectura del AdTech global.
La línea del DoJ: documentos y factibilidad
El DoJ insistió en que la clave no está solo en probar abuso de posición dominante, sino en demostrar que la separación de AdX y DFP es técnicamente viable. Para ello, introdujo un elemento nuevo: documentos internos de Google elaborados en el contexto de negociaciones con la Comisión Europea, donde se analizaban escenarios de desinversión.
Aunque estos materiales permanecen bajo sello judicial, su existencia debilita el argumento de inviabilidad. Si la propia compañía los elaboró para dialogar con reguladores europeos, resulta difícil sostener que una separación sea impracticable.
El contraste entre testigos externos y empleados de Google volvió a ser evidente. El CEO de Index Exchange, Andrew Casale, mantuvo la línea de que las soluciones conductuales son insuficientes y que solo una desinversión ataca la raíz del conflicto de interés. Por su parte, James Avery, CEO de Kevel, aportó un matiz interesante: no solo defendió la viabilidad del divestiture, sino que incluso manifestó interés en adquirir los activos si se abriera esa opción, reforzando la idea de que existe mercado para un cambio estructural. Frente a ello, la defensa de Google insistió en que abrir la lógica de subasta o separar capas del stack sería técnicamente inviable. Pero la comparación con proyectos de código abierto como Prebid debilitó ese relato: la comunidad ya ha demostrado que arquitecturas alternativas son posibles.
La raíz del problema: el “tag on page” y el acceso a datos
Lo que subyace en todas las intervenciones es el mismo dilema: mientras Google controle simultáneamente el Ad Server de los publishers, su propio exchange y la demanda que llega desde Search y Display, el conflicto de interés es insalvable. La insistencia de la compañía en retener el “tag on page” y el acceso privilegiado a los datos solo refuerza la percepción de que la posición integrada le otorga una ventaja sistémica.
Buenas y malas noticias procesales
Buenas noticias: la jueza Brinkema dejó claro que se apoyará en la opinión de expertos técnicos, incluyendo a empleados de Google, para evaluar la factibilidad de un divestiture.
Posiblemente buenas noticias: el DoJ podrá introducir documentos internos de Google sobre potenciales separaciones. Aunque sellados, podrían erosionar la credibilidad de los peritos de la defensa si se citan en sala.
Mala noticia: la mayor parte de esos documentos seguirá fuera del dominio público, al menos por ahora. El debate sobre transparencia judicial se cruza así con el interés general de conocer hasta dónde llegó Google en sus propios análisis.
El desenlace aún está lejos, pero el mensaje que emite el tribunal es inequívoco: el statu quo ya no es aceptable. La cuestión ahora es si se impondrá un remedio estructural que rompa la integración vertical o si se optará por un ajuste cosmético que prolongue la partida de “whac-a-mole” que tantos años lleva jugando el sector.
Puntos clave:
El DoJ presentó documentos internos de Google y testigos externos que refuerzan la viabilidad de separar AdX y DFP.
La jueza Brinkema mostró poca paciencia con excusas técnicas y puso el foco en la factibilidad de un divestiture.
El juicio es un examen al modelo de intermediación publicitaria: el conflicto de interés entre demanda, subasta y publisher ya no puede ignorarse.
Este resumen lo ha creado una herramienta de IA basándose en el texto del artículo, y ha sido chequeado por un editor de PROGRAMMATIC SPAIN.
